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Ejecutado en el garrote vil por asesinar a una tía en Ourense

Garrote vil

Eran aquellos tiempos los años del hambre. En los que el día se convertían en una auténtica aventura para la práctica totalidad de los españoles. La existencia cotidiana era un sinvivir para muchas familias, que se veían azotados por la miseria y las penurias derivadas de una prolongada posguerra que parecía no tener fin. En ese dramático ambiente surgían algunos elementos que eran verdadera carne de cañón para una no disimulada marginalidad. Este es el caso de un hombre de unos treinta años, José Cadavid Pazos, quien sobrevivía de lo que podía en aquellos duros tiempos y cuya penosa existencia terminaría de la peor manera posible.

En la tarde del día 21 de enero de 1946 los vecinos de la calle Traviesa, en la localidad orensana de Verín, escucharon los dramáticos lamentos de una de sus convecinas, quien regentaba un establecimiento de venta de vinos. Al intentar penetrar en aquella pequeña tienda se encontraron con que la puerta estaba trancada por su parte de adentro, por lo que se vieron forzados a decerrarjarla para poder acceder al interior del edificio.

Cuando consiguieron penetrar en la vivienda se encontraron con un dantesco espectáculo, al que difícilmente podían dar crédito. En una habitación contigua a la cocina, se encontraron con el cuerpo exánime de Luisa Pazos, en medio de un impresionante charco de sangre. No cabía la menor duda que la pobre mujer, que vivía sola y era de mediana edad, había sido asesinada de una forma brutal y terrible. Nadie se podía imaginar que alguien tuviese la capacidad de hacerle daño a la víctima, pues estaba considerada como una extraordinaria vecina y no se le conocían -aparentemente- enfrentamientos con terceras personas.

Un sobrino, principal sospechoso

Pese a que desde un principio trató de desviar toda la atención hacia otros derroteros, la policía encargada de investigar el caso, entre ellos el responsable policial de Ourense, el señor Alonso Cano, puso en su punto de mira a un sobrino de la víctima. Este era José Cadavid Pazos, un hombre de no muy buena vida, que estaba haciendo una ávida carrera en el mundo de la delincuencia, además de ser un bebedor habitual que hacía que en muchas ocasiones se encontrase bajo los efectos del alcohol. Su relación con círculos marginales a los que acudía de vez en cuando contribuían a despejar muchas dudas.

La prensa de la época señala que tras un “hábil interrogatorio”, el criminal caería en muchas contradicciones que le obligaron a confesar el trágico suceso en el que había perecido su tía, Luisa Pazos Rodríguez. José Cadavid declararía que el motivo del crimen había sido el robo de cien pesetas. No era una gran cantidad para la época, aunque abundante para según que cosas, que al cambio actual -según el IPC- podrían ser en torno a unos 300-400 euros, un diez por ciento arriba o abajo. Con ellos tenía pensado la víctima comprar un cerdo con el que abastecerse de carne durante todo el año.

José Cadavid era sabedor de que su tía disponía de alguna cantidad de dinero en su domicilio, procedentes de las transacciones que realizaba en su pequeño comercio de bebidas. Planeó el crimen al saber a que horas se hallaba en casa. Aprovechando que esta se encontraba atizando al fuego, le asestó un potente golpe en la cabeza con un pequeño banco de madera, que la dejó inconsciente al fracturarle la base del cráneo. Posteriormente, trasladó su cuerpo a la habitación contigua dónde le propinó una enorme cuchillada en la garganta que sería el que terminaría con la vida de su familiar.

Pese a que el caso llevó algún tiempo resolverlo, hubo una pista que resultó prácticamente definitiva para los investigadores. Esta no fue otra que el hallazgo de una toalla ensangrentada en la casa del supuesto autor del crimen, quien sería detenido y enviado a la Prisión provincial de Ourense.

Condenado a morir en el garrote vil

La vista por este asesinato se celebraría en la Audiencia Provincial de Ourense en los meses finales del año 1946. José Cadavid reconoció ser el autor del crimen, así como de los problemas personales que le afectaban, entre ellos el alcoholismo crónico que padecía desde hacía algún tiempo. Si en algún juicio no se tuvo piedad con un convicto de asesinato fue en este caso. Desde el primer instante, el fiscal sostuvo la petición de pena capital para el reo, además de una cuantiosa indemnización para los herederos de la víctima.

A la semana siguiente se conoció el veredicto de la justicia, que condenaba a José Cadavid Pazos a morir en el garrote vil, macabro instrumento que infringía un severo tormento en muchas ocasiones a los condenados. No se tuvieron en cuenta las alegaciones de su defensa, tales como los padecimientos y privaciones que sufría el reo que le obligaban a mendigar y a sisar aquello que estaba a su alcance. La sentencia provocaría una consternación tan grande como el propio crimen en sí, dadas las terribles circunstancias en las que se desenvolvía la vida de alguien que no dejaba de ser un pobre hombre del que la vida se había burlado de la forma más malévola.

Conocido el fallo que condenaba duramente a José Cadavid, su abogado apeló al Tribunal Supremo, alegando las dramáticas condiciones en que vivía su patrocinado. No obstante, el alto tribunal no se apiado de aquel reo al que condenó irremisiblemente a morir en el cadalso. La última bala que le quedaba a la defensa era la gracia de la benevolencia del Jefe del Estado, el general Franco. También este último se mostraría inflexible y el Consejo de Ministros rechazó cualquier posibilidad de conmutar la pena capital al autor de la muerte de Luisa Pazos.

Tras haber pasado un calvario de más de dos años esperando a la piedad de las altas instancias, José Cadavid moriría en el garrote vil el 15 de diciembre de 1948 a manos del verdugo Florencio Fuentes Estébanez. Este último, víctima de numerosos remordimientos, al tiempo que sufría el vilipendio y desprecio de sus familiares y conocidos, terminaría abandonando la profesión. Luego de mendigar varios años, y condenado a vivir en la más absoluta marginalidad, terminaría suicidándose en el año 1970.

Mata a golpes a dos niños, hermanos mellizos, en A Coruña

La policía en el lugar donde se produjeron los hechos

Hay sucesos que superan la peor ficción macabra jamás imaginada. Es entonces cuando nos preguntamos como puede haber personas, si es que puede llamárseles así, tan desalmadas como para protagonizar acontecimientos que jamás se borrarán del imaginario colectivo por muchos años que pasen. Uno de esos desgraciados sucesos aconteció en la mañana del 21 de agosto de 2011 en el popular barrio coruñés de Monte Alto, en la calle Andrés Antelo, cuando un joven de 29 años, Javier Estrada Fernández daba muerte a dos pequeños de diez años, Alejandro y Adrián, después de golpearlos reiteradamente con una barra de hierro y un sillín de una bicicleta estática. Cualquier objeto era válido para este individuo con el fin de reconvertirlo en un arma mortal y asesina.

Al parecer, el dantesco espectáculo que terminaría con la vida de los dos hermanos, se inició a media mañana, según relataría el autor del crimen a la policía. La madre de las criaturas, María del Mar Longueira, quien también resultaría condenada por este hecho, había encomendado a su compañero que se hiciese cargo de los pequeños esa mañana, pese a la advertencia del psiquiatra que trataba a Javier Estrada de que jamás permitiese que este se quedase con los pequeños ante un eventual brote de violencia por su parte. Sin embargo, desoyendo los consejos del médico, esa mañana ocurriría una tragedia que conmocionaría de sobremanera a la opinión pública gallega, que se desentendía por unas horas de los graves efectos que estaba ocasionando la galopante crisis económica de la época.

El asesino confeso de los pequeños se había empecinado en que los pequeños comprendiesen el funcionamiento del reloj de agujas. Sin embargo, según su testimonio, apenas avanzaban. En el transcurso de sus lecciones, uno de los críos tomó en sus manos el despertador que usaban para tan truculentas clases y lo arrojó al suelo. Esta actitud del pequeño lo pondría más nervioso de lo que se encontraba, a lo que se sumaba el malhumor por el hecho de que su compañera se negase a mantener relaciones con él la noche anterior. Así se desprende de las declaraciones que efectuaría ante la policía, en las que mostraría una actitud chulesca y desafiante.

Advertencias del psiquiatra

Los niños, que sufrían malos tratos de manera habitual y reiterada, huyeron del lugar donde estaba recibiendo las lecciones de Javier Estrada, escondiéndose uno de ellos, Alejandro, en la cocina, mientras que Adrián lo haría en una habitación. Pero de poco les serviría esconderse de su maltratador, pues con una barra de hierro se ensañaría con el primero de ellos hasta dejarlo en estado casi moribundo, agonizando en la cocina, aunque Javier ya lo había dado por muerto.

Tras abandonar al pequeño en la estancia reservada para comer, se fue a por Adrián, quien temeroso y tras escuchar los gritos de su hermano, le prometió portarse bien, con la finalidad de evitar la suerte que había corrido Alejandro. Sin embargo, su verdugo desoyó sus peticiones de clemencia y prosiguió con su sanguinario ritual. Su ensañamiento con ambas víctimas fue tan brutal que hasta llegó a destrozar la barra de hierro con las que les estaba pegando. Entonces fue cuando tomó en sus manos el sillín de una bicicleta estática y con el hierro del mismo prosiguió con su bárbara y salvaje actitud hasta terminar con la vida de ambos.

Una vez hubo terminado con Adrián escuchó unos balbuceos en la cocina en la cual estaba tirado su hermano, en estado de práctica inconsciencia. Se percató que el pequeño Alejandro, que ya se encontraba agonizante, todavía conservaba un soplo de vida y decidió rematar la faena definitivamente, dándole un golpe de gracia definitivo que terminaría con su infame existencia, pues ya se había acostumbrado, al igual que su hermano, a los malos tratos, que eran muy habituales en esta familia, incluso por parte de su progenitora.

Malos tratos habituales

Que los hermanos Alejandro y Adrián sufrían malos tratos desde hacía algún tiempo no era novedad alguna y era sabido por muchas personas próximas al círculo familiar. De hecho, una amiga de la madre de los niños había puesto en conocimiento del Teléfono del Menor los reiterados malos tratos que sufrían. Igualmente, los críos les habían comunicado a sus amigos, a través de mensajes de texto del teléfono móvil de su madre, que eran objeto de constantes palizas y golpes por parte tanto de la pareja de su progenitora, como de esta última, aunque esas vejaciones se habían incrementado de forma notoria desde que María del Mar Longueira había iniciado su relación con Javier Estrada.

Sin embargo, las peticiones de ayuda por parte de los pequeños caerían en saco roto. Nadie se preocuparía por ellos hasta que un desgraciado día se convirtieron en portada de los principales diarios del país. Y como de un macabro sarcasmo se tratase, María del Mar confesaría ante la policía que Javier era el hombre de su vida, con quien supuestamente estaba dispuesta a ampliar su prole familiar después de someterse a un tratamiento de fertilidad. Ver para creer.

A la detención de Javier Estrada a las pocas horas de haber perpetrado el crimen, se sumaría también la imputación de su pareja, María del Mar Longueira, a la que se acusaba, al igual que su compañero, de dispensar malos tratos de forma continuada a sus vástagos. La jueza encargada del caso entendía que, dados los antecedentes y los datos recabados -llegó a contabilizar con la declaración de 20 testigos-, los pequeños eran objeto de continuos malos tratos tanto físicos como psicológicos por parte de sus tutores. Además, así quedaría demostrado en el juicio que se siguió contra ambos algo más de año y medio después del horroroso crimen.

60 años de cárcel

En medio de una gran expectación, a la que se sumaba la lógica indignación de muchos de los presentes, se celebraría el juicio en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de A Coruña en marzo del año 2013. Javier Estrada Fernández sería condenado a 42 años y medio de cárcel. Además del delito de dos asesinatos consumados, se le sumaban los agravantes de los malos tratos familiares, entre los que no faltaban golpes, bofetadas y tirones de orejas a los pequeños.

Tampoco se salvaría de la condena de prisión su compañera sentimental, María del Mar Longueira, quien sería condenada a once años de cárcel, acusada de dos delitos de homicidio imprudente, a los que se sumaban otros cuatro años más por la actitud agresiva y hostil que mostraba hacia los pequeños. Además, en la sentencia se destacaba que esa misma agresividad había ido in crescendo desde que hacía algo más de un año por aquel entonces había iniciado la relación sentimental con quien sería el autor material de la muerte de ambos pequeños.

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Asesinan a una niña de cuatro años y arrojan su cuerpo a un contenedor de la basura

Vista general de O Carballiño

Hay sucesos que superan lo espeluznante y lo grotesco al mismo tiempo. Tal vez nos hayamos acostumbrado ya a que nada nos sorprenda. Aún así, hay algún hecho sangriento que nos hacen erizar todos los pelos de nuestro cuerpo. Nos preguntamos hasta que punto puede haber seres que atesoren un grado de maldad tan extrema para someter a torturas a una pobre criatura inocente, que por razones propias de su inocencia jamás sería capaz de entender ni mucho menos de comprender. Desgraciadamente, hemos visto sucesos de todo tipo, algunos de los cuales causan la mayor estupefacción, cuando no niveles de asco extremos que nos provocan repugnancia, rabia e impotencia por no haberlos evitado. Sin embargo, son sucesos que se repiten una y otra vez, haciéndonos comprender al resto de los humanos de bien las razones por las cuales existieron regímenes políticos crueles y tiránicos. Seguramente porque estaban regidos por unos energúmenos que jamás debieran de haber nacido por el bien de una humanidad que no los merecía y a la que castigaron hasta extremos insospechables, llevándose consigo la vida de millones de inocentes que tan solo aspiraban a vivir.

En el año 2003, en la localidad ourensana de O Carballiño -preciosa localidad situada al noroeste de la provincia de Ourense-, acontecía uno de esos hechos que nos provocan el mayor rechazo y asco humano posibles. El suceso aconteció en la noche del 14 de mayor del año anteriormente mencionado en una vivienda de la calle Margarita Taboada. Allí, el estupor y la consternación se apoderaría de un vecindario acostumbrado a recibir en épocas estivales a sus miles de emigrantes que se encuentran desplazados en decenas de países europeos e hispanoamericanos, principalmente México y Venezuela. El motivo de esa nauseabunda estupefacción no sería otro que el hecho de encontrarse el cuerpo sin vida de una criatura de tan solo cuatro añitos en un contenedor de la basura de la localidad.

La niña, que tuvo una existencia cruel y terrible como se encargarían de detallar los forenses en la autopsia que le practicaron a su cadáver, era hija de una joven de 30 años, Ana María García Salgueiro, quien convivía con otro joven de edad similar a la suya, Luis Piñón Montoto, a quien le atribuyeron en la sentencia condenatoria unos infames malos tratos a unos pequeños que no eran hijos suyos. No solo los trataba con despotismo, hasta el extremo de obligarles a que le llamaran “papá”, sino de una forma despiadada y vejatoria, tal como fue descrito en la sentencia condenatoria que emitiría la Audiencia Provincial de Ourense en enero del año 2006.

Violación y hemorragia

En el anochecer del día de autos, el referido 14 de mayo de 2003, Luis Piñón Montoto quedaría en compañía de los pequeños en el domicilio que compartía con su compañera sentimental. Aprovechando la soledad del momento penetraría a la pequeña Érika hasta el extremo de provocarle una gravísima hemorragia que terminaría sumiéndola en una terrible angustia que le conduciría a la muerte. Para paliar el dolor y con la supuesta connivencia de la madre de la pequeña, le suministraron varias dosis de un antigripal, como Frenadol Complex y que en modo alguno está aconsejado para niños, lo que contribuiría a agravar las graves lesiones sufridas por la niña.

Si la trama no resultaba grotesca, aún falta el punto final, propio de las películas de terror más truculentas. Al comprobar ambos cónyuges que la pequeña había fallecido, decidieron arrojar su cadáver a un cubo de la basura próximo a su domicilio. El cuerpo sería depositado allí por Luis Piñón, quien para disimular lo que arrojaba a la basura, tiró a la niña metida en una bolsa de plástico, junto con otros envases de similar material.

La cosa no quedaría ahí. Al día siguiente decidieron denunciar la desaparición de la pequeña ante las autoridades, aunque inmediatamente serían descubiertos al aparecer los restos mortales de la pequeña en un contenedor. Debido a que ya eran conocidos los antecedentes y el comportamiento de los adultos con los que convivía, inmediatamente se procedería a su detención, lo que ocasionaría la lógica indignación y consternación en el municipio que baña el río Arenteiro. De hecho, los servicios sociales ya habían advertido a la progenitora de la criatura con la posibilidad de retirarle la custodia de los tres menores que tenía a su cargo. Incluso, en el momento en que era conducido el supuesto autor de la muerte de la criatura hasta los juzgados, sería agredido por los familiares del padre biológico de Érika, quienes, llenos de desazón y rabia, solicitaban que tanto él como Ana María fuesen juzgados en la plaza del pueblo, que ya ellos se encargarían de dictar justicia.

36 y 34 años de cárcel

En enero del año 2006, algo más de dos años y medio después de haberse cometido el brutal crimen, se juzgaba en la Audiencia Provincial de Ourense a los dos encausados. El juicio estuvo plagado de una gran tensión. Además, se producirían las lógicas contradicciones y mutuas acusaciones de ambos encausados, quienes se responsabilizan mutuamente de haber provocado la muerte de la pequeña. En sus conclusiones finales, apoyados por unos concluyentes informes forenses, los magistrados condenarían a la pena de 36 años a Ana María García Salgueiro; 20 de los cuales le eran impuestos por un delito de asesinato con el concurso de agresión sexual, en concurrencia con el agravante de parentesco. Otros quince años por un delito de agresión sexual en concurso con uno de lesiones y 20 meses por delito de maltrato habitual.

Luis Piñón Montoto sería condenado a un total de 34 años y ocho meses de cárcel. De ellos, 18 años correspondían a un delito de asesinato en concurso con el de agresión sexual, en tanto que otros quince años le eran impuestos por un delito de agresión sexual, en concurso con un delito de lesiones y 20 meses, al igual que había ocurrido con su compañera, correspondían al maltrato habitual al que había sido sometido la pequeña. De esto último darían cumplida cuenta los forense que le practicaron la autopsia al afirmar que la criatura “ya estaba acostumbrada a sufrir”.

La Audiencia les impuso asimismo una responsabilidad civil conjunta de 60.000 euros con la que debían indemnizar al padre de la pequeña, en tanto que cada uno de sus dos hermanos -ambos menores de edad- deberían ser resarcidos con 15.000 euros cada uno. Por las faltas de lesiones les impusieron una sanción de seis euros diarios durante treinta días.

En la redacción de la sentencia se destacaba que la madre era conocedora de los malos tratos que les proporcionaba el padrastro a sus hijos, así como que consentía las constantes vejaciones a las que eran sometidos los tres menores, al tiempo que calificaba su actitud de autoritaria y exigente con los pequeños.

Reducción de condena

Poco más de un año después de hacerse pública la sentencia, el Tribunal Supremo absolvía a la madre de los pequeños del delito se beneficiaba de la absolución del delito de agresión sexual en concurso con el de lesiones, quedando reducida en quince años su permanencia en la prisión. Ana María García Salgueiro “solo” tendría que cumplir 21 años por un delito de asesinato en concurso con el de agresión.

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Un constructor gallego asesina a dos promotores en Canarias

José Mosquera Campos en el momento de ser detenido

A comienzos del nuevo milenio fueron muchos los gallegos, tanto empresarios como trabajadores, que vieron en las islas Afortunadas un nuevo Dorado, aunque la realidad pintase otro panorama verdaderamente muy distinto. Muchos se desplazaban hasta allí en vista de los elevados salarios que se pagaban, así como de la oportunidad de hacer negocio que ofrecía el archipiélago canario. Sin embargo, como casi siempre ocurre, no todo el mundo alcanzó el tan preciado éxito que se busca y quizás por motivos del caprichoso destino la vida les mostró su rostro más amargo.

Un sector que atraía a muchos empresarios y trabajadores fue el de la construcción. Las nuevas urbanizaciones y segundas viviendas destinadas a los días de ocio provocaron una ingente mano de obra en las islas Canarias. Entre los empresarios del sector que hasta allí se desplazaron se encontraba un antiguo miembro de la Policía Armada, José Mosquera Campos, quien disponía de una pequeña constructora que iba tirando en Galicia, pero que la suerte le comenzó a resultar esquiva en el momento en que puso pies en el territorio insular.

Desde hacía algún tiempo este conocido constructor, originario del municipio lucense de Sober, mantenía agrias disputas con los promotores, a la sazón paisanos suyos, José Ernesto Rodríguez, Antonio Pérez Pérez y un hermano de este último. Detrás de esos enfrentamientos había problemas de carácter económico. José Mosquera aducía que los promotores no le satisfacían las cantidades adeudas por parte de los promotores inmobiliarios, además de hacer constantes rebajas en los precios de su trabajo. A todo ello se sumaba el hecho de que supuestamente las víctimas “le hacían la vida imposible”, tal y como alegaría el encausado durante la vista que se siguió en su contra en noviembre de 2002 en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Discusión y tiroteo

El crimen que costó la vida a los dos promotores gallegos tuvo lugar en la mañana del 4 de agosto del año 2000 en una de las casetas que se utilizaban para guardar el material y otros elementos en la construcción de las obras de las urbanizaciones. Al parecer, José Mosquera había concertado una cita con los tres promotores, propietarios de la empresa Pevise, que operaba en la isla de Gran Canaria. Según manifestaría en el transcurso del juicio, dos de ellos acudieron a la hora prevista, mientras que el tercero, Casimiro Pérez Pérez, se demoraría diez minutos, suficientes para que pudiese salvar su vida, tal y como relataría el autor de los dos asesinatos ante la policía en el momento de su detención.

No hubo testigo que presenciasen el dramático suceso. Todo lo que se ha sabido acerca del mismo es a través de declaraciones y deducciones que hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad. El encausado alegaría ante el juez que sus dos víctimas le habían agredido, pues según se pudo observar en la comisaría presentaba algunos cortes o arañazos superficiales en el rostro, no se sabe si infringidos por el mismo o por terceros. Mosquera relató ante el Tribunal que sus dos víctimas habían utilizado un cúter para agredirle, aunque este arma jamás apareció en el inventario efectuado por los investigadores del caso.

En el interior de una de las casetas aparecería el cuerpo de José Ernesto Rodríguez, quien presentaba sendos disparos en el tórax y la cabeza realizados con un arma del calibre 22, la empleada por José Mosquera para darles muerte. Además, la circunstancia de hallarse en excedencia del cuerpo de Policía le facultaba para la posesión lícita de armas. A tan solo tres metros de dónde apareció el cadáver de la primera de las víctimas, ya fuera de las casetas y en un sendero de tierra, el cuerpo de Antonio Pérez Pérez, quien fue asesinado de tres balazos, dos en el pecho y uno en la cabeza. Después de cometer el doble crimen, Mosquera se entregaría en la comisaría de Policía de la capital gran canaria.

Condena y muerte

A pesar de que el juicio se celebró muy lejos de Galicia, concretamente en la isla de Gran Canaria, despertaría una gran expectación en la Comunidad gallega, que siguió con asiduidad sus sesiones a a través de los distintos medios de comunicación. La vista oral tendría lugar en noviembre del año 2002. En el transcurso de la misma declararía el hermano de una de las víctimas, Casimiro Pérez Pérez, quien se salvó milagrosamente de convertirse en la tercera víctima de una gran carnicería. Así, pudo saberse que, al parecer, los dos promotores asesinados habían decidido rescindir el contrato que los ligaba con José Mosquera Campos, lo que tal vez pudo ser el detonante de la matanza que consternaría a Galicia y a Canarias muy especialmente.

La Audiencia canaria condenaría a la pena de 30 años de prisión a Mosquera, quien cumpliría parte de su pena, primero en la prisión del Salto del Negro, próxima a Las Palmas de Gran Canarias. Posteriormente, sería trasladado hasta Alcalá-Meco y finalmente a la coruñesa de Teixeiro, en el municipio de Curtis. En el año 2006 obtendría la libertad provisional debido al grave estado de salud en el que se encontraba, ya que recientemente -por aquel entonces- le había sido diagnosticada una grave enfermedad, la cual terminaría con su vida en diciembre de ese mismo año.

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Asesinan a su hija y un criado en la tragedia de Lalín (Pontevedra)

Incendio de la vivienda de Lalín en la que se produjo la gran tragedia de 2010

En el año 2010 una gran crisis económica sacudía todos los cimientos de España, derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria que se había ido inflando excesivamente a lo largo de más de una década. Los concursos de acreedores y los despidos estaban a la orden del día. Nadie parecía encontrarse a salvo en un barco que parecía navegar a la deriva. Entre los muchos que se verían afectados por el reventón del globo que se había generado en torno al mundo del ladrillo se encontraba una pareja gallega formada por José Mouriño y Carmen Reboredo Lalín, quienes terminarían por erigirse en los tristes protagonistas de un suceso que conmocionaría a Galicia en la mañana del 29 de noviembre de 2010.

Se han barajado todo tipo de hipótesis, así como las causas que les llevaron a perpetrar semejante barbaridad, aunque la que más cuerpo ha tomado siempre ha sido la relacionada con las muchas deudas que se supone que acuciaban al matrimonio. Algunas informaciones llegaron a hablar de que rondaban los tres millones de euros y que su patrimonio se encontraba en trance de ser embargado. Nunca se supo muy bien quien o quienes indujeron a José Mouriño a introducirse en el negocio inmobiliario, hasta el extremo de llegar a presidir una empresa inmobiliaria, siendo una persona totalmente ajena a ese mundillo. Siempre había trabajado en la ganadería y quizás llevado por el afán de un lucro fácil y rápido, algo que no ocurre en el campo, fue víctima de algún desaprensivo que le indujo a una tragedia familiar que ha marcado profundamente a lo largo de la última década a la pequeña parroquia lalinense de Barcia.

Los hechos, realizados con total premeditación, se iniciaron a las cinco y media de la madrugada, cuando todos dormían en aquella vivienda acostumbrada a que hubiese luz antes del albor del día. A esa hora, José y Carmen aprovecharon la oscuridad de la madrugada y el mayor sigilo posible para dar muerte a la hija de ambos, Sonia Mouriño Reboredo, una joven de 22 años, a quien su madre le propinó un brutal hachazo en la cabeza, con el que terminaría con su vida prácticamente de forma instantánea. La tragedia no había hecho más que comenzar.

Incendio

Al parecer, según investigaciones realizadas posteriormente, el matrimonio tenía como objetivo acabar con la vida de todas las personas que residían en la casa, un total de cinco, además de con la suya propia. Para ello urdieron un macabro consistente en incendiar las principales estancias de la casa. En principio colocaron una bombona de butano en la habitación de Amador Vázquez Quinteiro, un hombre de 85 años que era criado del lugar desde tiempos inmemoriales. Para ello utilizaron los restos de espigas de maíz con la finalidad de que el fuego se extendiese al resto del inmueble en el que también se hallaban un hermano de Amador, la madre de Carmen Reboredo, y un hermano de esta última, quien sufría síndrome de Down.

Sin embargo, sus planes no les dieron el resultado que ellos buscaban ya que solamente perdería la vida Amador Vázquez Quinteiro, debido a que sufría graves problemas de movilidad y no pudo escapar de las llamas. A diferencia suya, si conseguirían salir sanos y salvos los restantes miembros de la familia, quienes desconocían lo que había sucedido y de la manera en como se había desarrollado aquella desoladora tragedia con la que se despertaban los gallegos en una otoñal mañana de noviembre.

Fosa séptica

Al tener conocimiento del incendio que había asolado la vivienda del lugar de Outeiro, se desplazarían hasta el lugar unidades de bomberos y de la guardia civil para socorrer a la familia afectada. Nadie sabía lo que había ocurrido hasta que encontraron el cadáver de la joven Sonia brutalmente asesinada. A raíz del fuego, acudirían también los vecinos de las inmediaciones en su auxilio. En un principio, se pensó en un asalto o incluso un ajuste de cuentas, dadas las elevadas deudas que había contraído José Mouriño en su gestión inmobiliaria. Pese a todo, muy pronto se iría recomponiendo aquel enrevesado rompecabezas. Faltaba por aparecer el matrimonio que se encargaba de la explotación ganadera y no aparecía por ningún sitio, siendo ellos la principal clave que ayudaría a esclarecer el trágico acontecimiento.

Alrededor de las dos y media de la tarde eran encontrados en el interior de una fosa séptica, utilizada para almacenar los excrementos y residuos del ganado para emplearlos posteriormente como abono. Allí se encontraban Carmen y José, completamente cubiertos de purín, presentando síntomas de intoxicación al inhalar el fétido aroma que desprenden los excrementos del ganado. El hombre les preguntó si ya habían muerto todos. El se encontraba temblando y disgustado, mientras que ella aparentaba cierta serenidad.

Algunas fuentes indican a que en ese preciso instante, Carmen Reboredo se inculpó de la muerte de su hija, en tanto que otras afirmaban que había sido su marido quien declaró ante los agentes que había sido su esposa la autora material del crimen que le había costado la vida a su pequeña. Posteriormente, serían trasladados al hospital Montecelo de Pontevedra para someterlos a un proceso de lavado de estómago y posterior desintoxicación, así como para proceder al pertinente reconocimiento médico. Al parecer la pareja habría planificado su suicidio con la ingestión masiva de gases tóxicos procedentes de la fosa séptica en la que se habían ocultado, pero sin conseguir su objetivo.

Nadie en la parroquia de Barcia era capaz de explicar tan desgraciado suceso, ya que tampoco se podían ni siquiera imaginar que pudo pasar por la mente de aquel matrimonio para perpetrar semejante atrocidad. Todo el vecindario los consideraba una extraordinarias personas, honradas y trabajadoras. Se decía que a Carmen se la veía muy poco últimamente y cada vez que se encontraba con algún conocido le hablaba de los “muchos millones” que pensaba ganar su marido con el negocio inmobiliario. A ella se la consideraba una mujer introvertida, dedicada en cuerpo y alma a trabajar en la explotación ganadera que había heredado de sus padres.

En el año 2020 sería derruida la vivienda en que se había producido la tragedia, siendo ya el último icono que quedaba en pie de la misma. En la casa ya no vivía nadie y su deterioro se había hecho patente, además de quedar profundamente estigmatizada al igual que sucede con todos aquellos lugares en los que se ha producido un hecho deplorable.

58 años de cárcel

Más de tres años después de la gran tragedia que consternó a Galicia se celebraría en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por el suceso. Carmen Reboredo y José Mouriño serían condenados cada uno a una pena de 58 años de prisión, si bien es cierto que el Tribunal Supremo emitiría un auto en el año 2017 dando cuenta de que el máximo período que debían permanecer en la cárcel era de 25 años.

Según el escrito de la acusación presentado por la fiscalía, la intención del matrimonio era acabar con la vida de todos los miembros de la vivienda, descartando la posibilidad incluso de que la mujer sufriese algún tipo de alteración mental o psíquica, derivada en este caso del estrés que le podía ocasionar el hecho de cuidar a una persona como el criado, con graves problemas de movilidad. También incidía en la responsabilidad del marido de Carmen, pese a la autoinculpación de esta última, a quien consideraba una persona muy influenciable.

En el interín que va desde que se produce el crimen, noviembre del año 2010, hasta que se celebra el juicio, finales de 2013, la pareja había disfrutado de un período de libertad condicional por concluir el tiempo máximo de prisión provisional. En el mismo habían estado residiendo en casa de un familiar. Mientras, las otras dos personas que sobrevivieron al incendio ya habían fallecido en una residencia de la tercera edad emplazada en Lugo.

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Impunidad para el salvaje asesinato de un niño en Vilagarcía de Arousa

Entierro del pequeño José Antonio Paulos Márquez

La tarde-noche de cada día previo a San Juan es motivo de especial celebración en toda Galicia, muy especialmente en sus extensas áreas rurales en las que el ritual de espantar las meigas adquiere un relieve de unas características muy peculiares del que nadie procura no ausentarse. Millares de hogueras iluminan el cielo gallego en tan señalada fecha en el calendario en el que la fiesta y la algarabía se entremezclan con la milenaria tradición del sacro fuego purificador que servirá de bálsamo contra los trasnos, tangaraños y otros malos augurios que antaño eran calificados como nefastos atributos para la presencia de las almas en pena condenadas por espíritus malignos y que recorrían el noroeste peninsular en las frías y gélidas noches de invierno.

A lo largo de toda la jornada, y muy especialmente por la tarde, es muy frecuente ver como jóvenes y veteranos se dedican a realizar los preparativos para la noche más bella del año. Uno de los muchos chavales gallegos a los que entusiasmaba tan entrañable día del solsticio de verano era un crío de diez años, José Antonio Paulos Márquez quien salió de su casa en su bicicleta en la parroquia de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, en la busca de hierbas y flores con las que adornar su vivienda el día 23 de junio de 1991. Sin embargo, la pobre criatura no regresaría jamás.

Al poco tiempo de salir de su casa, en torno a las seis y media de la tarde, su padre comenzaría una infructuosa búsqueda en la que no obtuvo resultado satisfactorio alguno. Al demorarse en su regreso, se dio aviso a los vecinos y a las autoridades iniciándose una ardua búsqueda por todo el contorno que hubiera podido recorrer el pequeño, quien aparecería alrededor de las once de la noche en estado agonizante en medio de unos zarzales siendo encontrado por un agente de la policía local de Vilagarcía y la madre de la criatura, María del Carmen Márquez.

Agresión sexual

El niño, en el momento de ser encontrado, en la zona conocida como Pinos Mansos -a muy escasos metros de la vía del tren- se encontraba boca abajo con los bajos echados hacía atrás, con la camisa totalmente ensangrentada que le cubría el rostro, y el cuerpo doblado y los pantalones bajados. La autopsia mostraría posteriormente que el pequeño había sido violado por su agresor. Según los investigadores, el chaval debió ser atacado a unos quince metros de dónde fue encontrado en estado de extrema gravedad hasta ser arrastrado hasta la zanja en que fue depositado con la cabeza ya destrozada por los golpes, pues fueron encontradas algunas piedras ensangrentadas en las inmediaciones.

Inmediatamente después de su hallazgo, fue trasladado al Hospital Provincial de Pontevedra, a tan solo cinco kilómetros del lugar de los hechos, dónde el pequeño ingresó ya cadáver. Además, por las heridas que presentaba, entre ellas un brutal golpe en el cráneo, nada podían hacer ya los médicos por salvar su vida.

A partir de ese momento se inició un terrible deambular para la pequeña parroquia de Rubiáns y para la familia del pequeño asesinado. En un principio sería detenido un individuo, cuya identidad no fue facilitada nunca. Este hombre fue visto en la tarde de aquella jornada por el padre del muchacho en las inmediaciones de su vivienda, si bien es cierto que sería puesto en libertad tras comprobarse que no guardaba relación ninguna con los hechos.

Los investigadores pusieron su foco de atención en el padre del muchacho, Antonio Paulos, de 39 años de edad, quien estuvo buscando en solitario al muchacho aquella tarde, además de encontrar algunas lagunas en su declaración que le hacían suponer como sospechoso. Mientras, la madre de la criatura sospechaba que tal vez su muerte hubiese sido obra de algunos traficantes de droga, muy abundantes en la zona en aquella época, y que el crío fue testigo de algún asunto incómodo por lo que fue vilmente asesinado para eliminar cualquier tipo de pruebas.

Detención del padre

Más de año y medio después del asesinato de su hijo, concretamente a finales de enero de 1993, era detenido su progenitor Antonio Paulos, a quien acusaban de darle muerte a su vástago. La madre del pequeño dudaba de su culpabilidad y así lo hizo saber en una breve declaración a los medios de comunicación, ya que según ella, el padre se desvivía por su hijo y hasta que escuchase su declaración no terminaría por creer la acusación que se hacía.

En junio de 1993 Antonio Paulos era juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de haber dado muerte a su hijo dos años antes. Sin embargo, el progenitor negó en todo momento las acusaciones de la fiscalía y resultaría absuelto al aplicar el tribunal el principio de “indubio pro reo”, es decir la ausencia de pruebas concluyentes para incriminar al hombre que había sido juzgado.

Posteriormente, tras la acusación del progenitor, la madre del pequeño se mostraría totalmente convencida que el autor de su muerte era su marido, tal y como demostraría en diversas declaraciones a distintos medios de comunicación. El matrimonio terminaría por romper relaciones, abandonando ambos la vivienda que compartían. La misma sería vendida para -posteriormente- ser derribada y levantar una nueva edificación, como queriendo olvidar el trágico suceso que consternó a toda la comarca del Salnés y a toda Galicia en una ya lejana noche de San Juan.

Al parecer, en el cuerpo del muchacho asesinado se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima. Sin embargo, esta única prueba que podría haber ayudado a esclarecer un asunto tan turbio, fue extraviada cuando se envió al Instituto Nacional de Toxicología de Majadahonda, en Madrid, para poder ser analizada y detallar a quien podría corresponder su ADN. Todo ello, unido a las casi tres décadas que han transcurrido desde el asesinato del pequeño José Antonio han provocado que el suceso haya pasado a formar parte de los crímenes que se encuentran sin resolver. En este caso con el agravante de que al haber transcurrido más de 20 años desde la última actuación judicial, el crimen ha pasado de forma impune al baúl de los recuerdos.

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Dos cadáveres descuartizados en dos maletas en Tomiño (Pontevedra)

En los primeros meses del año 1991 en Galicia se estaban viviendo los resultados del “Efecto Fraga” en el noroeste peninsular, además de asistir todavía a la lógica conmoción por algunos sucesos sangrientos ocurridos en el territorio gallego a lo largo de las últimas fechas del año anterior. Pese a todo, la comunidad gallega seguía siendo un territorio en el que, además de una gran calidad de vida, se gozaba de una extraordinaria seguridad que se reflejaba en las estadísticas que ofrecía el ministerio del Interior.

Al igual que en todas las sociedades del planeta ocurrían hechos y cosas desgraciados y desafortunados. Alguno de ellos, macabro y truculento. Uno de esos acontecimientos, bastante espeluznante por cierto, ocurría el 27 de marzo de 1991 en el embarcadero de la parroquia de Goián, en el municipio pontevedrés de Tomiño, desde donde parte un transbordador que une esta localidad con la portuguesa de Vila Nova de Cerveira. Ese día un vecino encontraba dos maletas cerradas, pero se percató de que de una de ellas sobresalía un brazo humano, en tanto que de la otra una cabeza.

Después de realizar el macabro hallazgo, este hombre puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil de la zona, quien -al abrir ambos portaequipajes- se encontró con la desagradable sorpresa que contenían sendos cuerpos humanos. Estos, que presentaban claras señales de violencia, estaban envueltos en plásticos recubiertos de cinta adhesiva de la empleada en los embalajes.

Un ex-jefe de policía portugués y su esposa

Una vez que el juez dio orden de levantar los cuerpos, y tras realizar las primeras inspecciones oculares, se supo que los cadáveres de las víctimas pertenecían a un policía luso, Antonio Amável de Sousa Carvalho, de 68 años, quien había sido el primer subjefe del cuerpo de la Policía y Seguridad Pública, de Portugal, y su esposa Gloria Vieira Peixoto, de 67. Su identificación no resultó complicada, ya que en una de las maletas en las que se encontraban sus cuerpos se encontró una tarjeta con las señales del responsable policial luso. A todo ello, también contribuirían las ropas que llevaban puestas, lo que unido a la colaboración de la Benemérita con las fuerzas de seguridad lusas, confirmaron la identidad a quienes correspondían los cadáveres.

Las primeras hipótesis apuntaban a que el crimen se había cometido en la localidad portuguesa de Braga, dónde habitualmente residía el matrimonio asesinado. Mientras, en torno al suceso, la prensa del país vecino apuntaba a que este podría haber tenido su origen en un supuesto ajuste de cuentas que habría podido llevar a cabo algún delincuente portugués.

La autopsia practicada a ambos cadáveres revelaría que el varón murió estrangulado, mientras que su esposa fallecería a consecuencia de algún golpe en la cabeza propinado con algún artilugio contundente. De la misma forma, se suponía que el crimen que les había costado la vida se habría cometido unos tres o cuatro días antes de encontrarse sus cuerpos.

Las primeras investigaciones practicadas por la policía de Portugal confirmaron que en la casa del matrimonio asesinado se encontraron restos de sangre en una escalera que conducía a la bodega de su casa, así como en un adoquín de granito emplazado en el mismo lugar. La hipótesis de que el crimen se había cometido en la calle Camoens de Braga venía reforzada por el hecho de que las cuerdas que amarraban los cadáveres eran idénticas a las que utilizaba el matrimonio asesinado para atar manojos de cebollas que guardaban en su bodega.

Identificación del asesino

Días después del hallazgo de los cuerpos y de su posterior sepelio en la localidad de Braga de la que eran originarios, la policía lusa informaba que seguían la pista de un peligroso delincuente portugués, quien se había evadido recientemente de una prisión próxima a Lisboa.

Uno de los flecos que quedaría por atar en este dramático suceso, que conmocionó a la opinión pública gallega y todo el norte de Portugal, fue como se llevó a cabo el transporte de los cuerpos desde Braga hasta el embarcadero de Goián.

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Los GRAPO asesinan a un trabajador de Vulcano en Vigo

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Olegario Collazo fue asesinado en la Travesía de Vigo

La Transición democrática transcurría en Galicia con la más absoluta normalidad, incluso con una cierta alegría por los tranquilos aires de cambio que se estaban viviendo, que llegaban con la promesa de un futuro que, aunque incierto, todo hacía presagiar que era evidente una mejora en las condiciones de vida de los algo más de 2,7 millones de habitantes con los que contaba la tierra de Rosalía en aquel entonces. Solamente se sobresaltaban en época electoral, cuando algunos coches recorrían ciudades y villas gallegas con unos potentes y molestos altavoces solicitando el apoyo popular para una candidatura u otra. Era una de las grandes novedades del nuevo tiempo que se avecinaba, pese a que había muchas otras.

Galicia siempre ha tenido la sana fama de ser un lugar pacífico -cuando no idílico- en el que apenas suceden cosas graves, aunque, por desgracia, tampoco se libra de estar presente en las páginas de sucesos, como casi todos los lugares. El terrorismo tuvo una contada escalada en esta tierra, con algunos brotes, pero que por fortuna nunca llegaron a enraizar lo suficiente como para que se alterase la normal placidez y convivencia de los gallegos. En los años ochenta surgió un minúsculo grupo, el denominado Exército Guerrilheiro, cuya efímera existencia se saldaría con cuatro víctimas mortales y un indeterminado número de heridos. El lugar de Galicia donde más engarzaría el terrorismo fue la ciudad de Vigo, en la que -debido en parte a su actividad industrial- surgieron los autodenominados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre(GRAPO), que llevarían a cabo algunas actividades violentas en el sur gallego y en Santiago de Compostela, principalmente, llegando a disponer en la urbe olívica de una sólida y constante infraestructura.

La primera víctima de los GRAPO en Galicia sería un humilde trabajador, Olegario Collazo Melón, empleado de la factoría Vulcano, quien moriría acribillado a balazos cuando se disponía a entrar en su utilitario a primera hora de la tarde del 9 de abril de 1979, lunes santo para más señas, jornada previa a la gran tragedia que viviría la ciudad tan solo 24 horas más tarde con el trágico y dramático accidente de Santa Cristina de la Polvorosa cuando un autocar en el que viajaban 45 niños, acompañados de sus profesores, se precipitaría a las aguas del río Órbigo a su paso por la provincia de Zamora. Y es que las desgracias nunca llegan solas.

Confusión

Si cualquier muerte violenta carece de cualquier explicación racional, en este caso adquiere dimensiones mayúsculas. Al parecer, según diversos comunicados emitidos por los terroristas posteriormente remitidos a distintos medios de información, el asesinato del trabajador de Vulcano obedeció a una dramática y macabra confusión. El objetivo de sus asesinos no era el empleado de los conocidos astilleros vigueses sino un inspector de la policía, a quien habían estado haciendo un seguimiento en fechas previas, tal y como quedaría acreditado en el juicio que se celebraría dos años más tarde en la Audiencia Nacional en Madrid.

Olegario Collazo había adquirido un coche de segunda mano que con anterioridad había sido propiedad de un funcionario del Cuerpo Superior de Policía. Los terroristas, confundidos por este impreciso dato, habían estado siguiendo al trabajador, quien se vio sorprendido a las cuatro de la tarde de aquel lunes santo cuando se dirigía desde su domicilio, sito en la Travesía de Vigo, hasta la factoría en la que prestaba sus servicios como administrativo por dos jóvenes, uno de los cuales vestía un anorak  y una gabardina clara disparándole, hasta en siete ocasiones, con una pistola del calibre nueve corto, una vez que había bajado la ventanilla de su vehículo. La víctima había sido alcanzada por la metralla en los pulmones y el corazón. Inmediatamente fue trasladado por los servicios sanitarios hasta el Hospital Xeral de la ciudad olívica en el que ingresaría cadáver, no pudiendo hacer otra cosa los médicos que confirmar su muerte.

El atentado provocaría una lógica ola de estupor e indignación en una localidad que para nada estaba habituada a este tipo de sucesos. Los trabajadores de Vulcano pararían en la jornada en la que tuvo lugar su sepelio, que constituyó una gran manifestación de duelo, en solidaridad con su compañero asesinado. La condena sería unánime desde todos los sectores de la sociedad gallega de la época, que se preparaba para vivir pacíficamente en democracia y libertad, aunque muchos pretendiesen con sus provocaciones alterar el tranquilo devenir al que siempre han aspirado y contribuido la totalidad de los gallegos.

55 años de prisión

Apenas medio año después de este asesinato, el cerebro de los GRAPO y principal inductor de este crimen, José María Sánchez Casas, sería detenido en Valencia, junto a otros miembros de la misma banda terrorista, entre los que se encontraba Isabel Aparicio, quien también había estado presente en la organización del atentado que le había costado la vida al trabajador gallego. El juicio contra estos dos terroristas, así como contra el autor material de la acción, Alfonso Rodríguez García y la también miembro del grupo violento, Carmen López Anguita se celebraría en abril de 1981 en la Audiencia Nacional en Madrid.

Los magistrados, en sus conclusiones definitivas, consideraron probado que Sánchez Casas había recibido información de otros miembros de su misma formación terrorista acerca del supuesto inspector de policía, que posteriormente no resultaría ser tal. De la misma manera también era condenado, en calidad de máximo responsable de los GRAPO, y de ordenar la muerte de Olegario Collazo a Rodríguez García, quien en aquel momento era el responsable de los comandos del grupo terrorista.

Por este crimen, José María Sánchez Casas sería condenado a 22 años de prisión, mientras que el ejecutor material del atentado, Alfonso Rodríguez debía cumplir una pena de 25 años de cárcel. Las dos mujeres detenidas serían condenas a cuatro años de prisión cada una de ellas por este mismo atentado. En total, las penas de cárcel por este suceso se elevaban a un total de 55 años de prisión, aunque Sánchez Casas acumulaba un total de 270 años de prisión por distintos hechos delictivos. Este terrorista fallecería en 1999, tras haber quedado en libertad dos años antes debido a la grave dolencia cardíaca que padecía. De la misma forma, también fallecería en la cárcel zaragozana de Zuera Isabel López Aparicio en los primeros días del mes de marzo del año 2014.

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Carnavales sangrientos en Vigo

El año 1994 quizás haya pasado a la historia por ser el más sangriento de la historia reciente de la ciudad de Vigo, convertida ya por aquel entonces en la urbe más grande de Galicia y en la que residían alrededor de 300.000 almas. A todo ello se unía la explosión demográfica de la Península del Morrazo, muy próxima a la ciudad olívica, que ya superaba los 100.000 habitantes y otros que se encontraban en zonas aledañas, tal como es el caso de Ponteareas, Mos, O Porriño y Redondela que estaban experimentando un más que notable crecimiento en plena década de los noventa.

Todo ello fue el caldo de cultivo perfecto para que en sus largas noches de marcha, en la que se reunían millares de jóvenes de todo la contorna de las Rías Bajas, se diesen cita todo tipo de personas, muy especialmente en fechas que están señaladas en el calendario como muy festivas, tal es el caso de las Navidades y los Carnavales. Fue precisamente en el transcurso de esta celebración cuando se produjeron dos horribles crímenes que consternarían de sobremanera a toda Galicia, quien todavía no se había recuperado de la fatal matanza de Nigrán, acontecida apenas quince días antes.

En la madrugada del martes de Entroido, 15 de febrero de 1994, morirían dos jóvenes en circunstancias muy confusas y que le llevaría su tiempo aclarar a los investigadores. En un callejón próximo al número 21 de la calle San Francisco fue hallado el cadáver del mozo Ramón Villar Gabín, de 33 años de edad, que presentaba varias heridas de bala en la cabeza. El fallecido era un viejo conocido de la policía pues había sido detenido en diversas ocasiones por atraco y se le relacionaba con el tráfico de drogas.

Discusión

Al parecer, según el relato del último testigo que lo vio con vida, Ramón Villar y este último habían mantenido una acalorada discusión alrededor de las diez de la noche del lunes, circunstancia esta que molestaría de sobremanera a los inquilinos de uno de los edificios próximos al lugar donde estaban manteniendo en enfrentamiento. Uno de los vecinos de un inmueble probablemente habría bajado con un arma en la mano y, sin mediar palabra, habría disparado contra su víctima, huyendo posteriormente del lugar de autos. De la misma forma, este testigo también abandonaría el sitio en el que estaba la víctima tendida para buscar a un amigo de ambos que se encontraba en un bar de copas de la zona. Sorprendentemente, cuando se dirigían al lugar en el que supuestamente se encontraba el cadáver de Villar Gabín, su cuerpo ya no estaba allí, por lo que decidieron poner el hecho en conocimiento de la Policía.

Más tarde, los agentes en compañía de los dos jóvenes encontrarían el cuerpo de Ramón Villar en las inmediaciones del callejón de San Francisco. Sin embargo, según la versión de los miembros del cuerpo policial y también de algunos vecinos de la zona, los disparos se habrían producido en torno a las cuatro y media de la madrugada del martes, tras haber tenido lugar un altercado proseguido de una reyerta. La policía practicaría diversas detenciones en jornadas sucesivas de personas que se encontraban relacionadas a los bajos fondos y al trapicheo de drogas de la ciudad olívica.

Seis puñaladas

Pero no sería Ramón Villar la única víctima mortal en aquella madrugada de martes de carnaval en Vigo. Otro joven de 21 años, Victor Manuel Visval Bugarín perecería tras recibir seis puñaladas en un barrio de la zona vieja. Al parecer, este último había salido disfrazado a disfrutar de la noche viguesa, cuando cayó mortalmente herido en las inmediaciones de la Cruz Roja. Allí, una enfermera salió del dispensario con la intención de atender al herido, pero ante la gravedad que presentaban las múltiples heridas fue trasladado inmediatamente al Hospital Xeral Illas Cíes de la ciudad olívica en el que fallecería.

La sangre no cejaría de correr en aquella trágica madrugada viguesa, ya que en la calle Eduardo Chao, un joven conocido como “O fillo do cego” agrediría con un arma blanca a otro hombre de 37 años, propinándole un total de siete puñaladas e ingresando en estado muy grave en la residencia sanitaria de la ciudad.

El capítulo de sucesos de aquella desgraciada noche lo cerraría otro muchacho que también fue acuchillado en la misma madrugada, recibiendo un total de cuatro puñaladas de las que fue atendido en el mismo centro sanitario que los anteriores, si bien es cierto que este último sería dado de alta pocas horas después de su ingreso hospitalario.

Dos guardias civiles asesinados en Vilanova de Lourenzá

Los años ochenta eran tiempos difíciles para ser guardia civil en España, principalmente en el País Vasco donde se vivía la época conocida como Años de plomo por el gran número de agentes de instituto armado que habían caído como víctimas del terrorismo. En Galicia, afortunadamente, la situación era radicalmente distinta. Es más, los miembros de la Benemérita gozaban del aprecio y afecto de las distintas localidades en las que había el respectivo puesto de las fuerzas de seguridad. Aún así, hubo que lamentar varias muertes por distintos actos terroristas de un buen número de agentes, mayoritariamente ocasionadas por los GRAPO y una por miembros del desarticulado Exército Guerrilleiro do Pobo Ceibe Galego.

De todos es sabido lo siempre que están expuestos los miembros de las fuerzas del orden a exponer su vida, debido a que en ocasiones tienen que enfrentarse a energúmenos con amplios historiales delictivos y que, poco o nada, tienen que perder. Así ocurrió en la tarde del domingo, 10 de febrero de 1980, cuando los miembros de la Guardia Civil del destacamento de Vilanova de Lourenzá recibieron la llamada de alerta de sus compañeros de Ribadeo, dándoles los datos de un individuo que había sustraído un coche en la villa costera. Los agentes de Lourenzá esperarían al ratero alrededor de las cuatro de la tarde vestidos con uniforme de paisano a fin de evitarle sospechas. Sin embargo, el sexto sentido que suelen tener los delincuentes le funcionaría a la perfección, ya que se percataría inmediatamente que se trataba de dos agentes armados.

Abandono del vehículo

El hombre que había sustraído el vehículo en Ribadeo, Cipriano Lampón Gerpe, al sentirse acorralado por los dos agentes, así como un guarda forestal que se prestó a colaborar con miembros del instituto armado, iniciaría una huida por el área boscosa próxima a la villa de Lourenzá. En ella demostraría ser un consumado experto en la lucha armada y la supervivencia, ya que desde unos matorrales dispararía con la escopeta de cañones recortados que portaba contra el sargento Manuel Lamela Montouto, de 50 años de edad, alcanzándole en el externón y abdomen, resultando herido de extrema gravedad. El agente, a quien se le extrajo abundante cantidad de metralla en el antiguo Hospital Xeral de Lugo, fallecería doce días más tarde a consecuencia de las graves heridas que sufría, ocasionadas por los disparos que le había efectuado su asesino.

La lucha por la captura del joven delincuente la proseguiría su compañero, el cabo Angel Broz Novo, con quien realizaría un constante intercambio de disparos, dándose la mala suerte de que el miembro de la Benemérita acabó su munición cuando perseguía a Lampón Gerpe. Este último, consciente de su superioridad, le obligó colocar los brazos en alto y, colocándole la escopeta que portaba en la cabeza, ejecutaría al infortunado agente, un hombre de 34 años y nacido en la parroquia chairega de Valdomar, perteneciente al municipio lucense de Begonte.

Cipriano Lampón, que ya había pasado por la cárcel por distintos hechos delictivos, demostraría ser muy escurridizo, fugándose después de trepar por un muro, logrando sobrevivir al acecho de las fuerzas del orden durante dos días. Sin embargo, le traicionaría su ansia de satisfacer el hambre que le había generado su supervivencia en el monte. Sería detenido en el momento en que se encontraba robando una tarta en una confitería de la localidad de Mondoñedo por agentes que inmediatamente procedieron a su detención e identificación en la mañana del 12 de febrero, siendo trasladado a las dependencias de la comandancia de la vieja urbe medieval del nordeste gallego.

La escopeta de cartuchos con la que había cometido ambos asesinatos sería encontrada aquellos mismo días por un grupo de escolares del colegio de enseñanza primaria de Mondoñedo, abandonada en sus inmediaciones.

Condenado a 47 años de cárcel

Cipriano Lampón Gerpe sería juzgado en la Audiencia Provincial de Lugo en julio del año 1980. En total sería condenado a dos penas de prisión que sumaban un total de 47 años de cárcel, además de tener que indemnizar a los herederos de cada una de las víctimas con más de tres millones de pesetas (18.000 euros actuales). Al ser insolvente, y estar los agentes en acto de servicio, se haría cargo el Estado como responsable civil subsidiario.

Además de los dos asesinatos, que su defensa calificó de homicidio, se le condenaba también por delitos contra la seguridad en el tráfico, puesto que carecía de permiso de conducir, así como también por su reiterada actividad delictiva, ya que formaba de una banda de cinco delincuentes, cuatro de los cuales habían sido detenidos en las mismas fechas. El forense que lo examinó lo había calificado como un “psicópata desalmado”. En su veredicto, el juez tuvo en cuenta la eximente de enajenación mental transitoria. De hecho, la sentencia sería apelada ante el Tribunal Supremo, quien ratificaría la emitida por la Audiencia Provincial de Lugo.